El artículo 202 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), obliga a incluir en todos los pliegos al menos una condición especial de ejecución de carácter social, medioambiental, ético o de innovación. No es una recomendación: es un requisito legal cuya omisión afecta a la validez del propio pliego.

Esta guía explica cómo aplicar el artículo 202 LCSP en la práctica: qué es una condición especial de ejecución, en qué se diferencia de un criterio de adjudicación, qué tipos de condiciones especiales de ejecución medioambientales y sociales se utilizan habitualmente, ejemplos por sector y qué consecuencias tiene su incumplimiento durante la ejecución del contrato.

Marco legal: el artículo 202 LCSP

El artículo 202.1 LCSP permite a los órganos de contratación establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato en el sentido del artículo 145 LCSP, no sean discriminatorias, sean compatibles con el derecho de la Unión Europea y se indiquen tanto en el anuncio de licitación como en los pliegos.

La obligación operativa está en el segundo inciso de ese mismo apartado: el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) debe incorporar al menos una de las condiciones que enumera el artículo 202.2 LCSP, esto es, consideraciones de tipo medioambiental, social, ético o relacionadas con la innovación. La regulación se alinea con el artículo 70 de la Directiva 2014/24/UE, que regula expresamente las condiciones de ejecución y exige la misma vinculación al objeto.

La LCSP consolidada está accesible en el BOE. En la práctica administrativa, una redacción de pliego que se publique en la Plataforma de Contratación del Sector Público sin incluir esta previsión puede ser objeto de impugnación a través del recurso especial en materia de contratación.

Condición especial de ejecución frente a otras figuras

La condición especial de ejecución se confunde a menudo con otras figuras del expediente. Conviene situarla con precisión.

Frente al criterio de adjudicación

El criterio de adjudicación (art. 145 LCSP) se valora durante la evaluación de las ofertas y otorga puntuación. La condición de ejecución (art. 202) opera tras la adjudicación, como obligación contractual exigible al adjudicatario.

Un mismo aspecto, por ejemplo la utilización de materiales reciclados, puede configurarse como criterio de adjudicación, como condición especial de ejecución o como ambos, pero no debe valorarse dos veces el mismo elemento. La técnica habitual es exigir un nivel mínimo como condición de ejecución y reservar la mejora cuantitativa para la valoración como criterio.

Frente al requisito de aptitud

Los requisitos de aptitud y solvencia (arts. 65 y siguientes LCSP) se acreditan en el momento de licitar y determinan si la empresa puede contratar con el sector público. La condición de ejecución no afecta a la admisión al procedimiento: se incumple, en su caso, durante la fase de ejecución y activa consecuencias contractuales, no exclusiones previas.

Tipología de condiciones medioambientales

El artículo 202.2 LCSP enumera, entre otras, las consideraciones medioambientales. En muchos expedientes de contratación, las cláusulas más utilizadas se agrupan en cuatro grandes familias:

Emisiones y eficiencia energética: límite de emisiones de CO₂, uso de vehículos de bajas o cero emisiones, equipos con etiquetado energético de clase superior.
Gestión de residuos: planes de minimización y separación, porcentajes mínimos de valorización, retirada de residuos peligrosos por gestor autorizado.
Transporte y logística sostenible: optimización de rutas, uso de combustibles alternativos, reducción de viajes en vacío.
Materiales y suministros: incorporación de contenido reciclado, materiales con etiqueta ecológica europea o equivalentes, productos libres de sustancias peligrosas.

La definición concreta debe ser proporcional y verificable: las cláusulas excesivamente genéricas dificultan la supervisión y debilitan el régimen sancionador. Como referencia técnica, la Comisión Europea publica criterios de contratación pública verde por sector que ofrecen umbrales y medios de prueba ya contrastados.

Tipología de condiciones sociales

Las consideraciones sociales del artículo 202.2 LCSP suelen articularse en torno a estos ejes:

Calidad del empleo: contratación indefinida de un porcentaje del personal adscrito al contrato, estabilidad mínima.
Igualdad de género: planes de igualdad, paridad en los equipos, formación específica.
Igualdad retributiva y respeto al convenio colectivo de aplicación.
Conciliación y corresponsabilidad: medidas internas de jornada y permisos.
Inserción laboral de personas en riesgo de exclusión, con discapacidad o desempleo de larga duración.
Formación continua del personal asignado a la ejecución.

El detalle operativo de cada cláusula está conectado con la regulación general de las cláusulas sociales en pliegos, que aborda su redacción y los requisitos jurisprudenciales de proporcionalidad.

Ejemplos por sector

La elección de la condición debe responder al objeto del contrato. Algunos ejemplos habituales:

Obra pública: porcentaje mínimo de residuos de construcción gestionados por valorización, uso de áridos reciclados, plan de protección de la biodiversidad en obras lineales.
Limpieza y mantenimiento: productos con etiqueta ecológica, dosificación controlada, formación en igualdad y prevención del acoso, contratación indefinida del personal adscrito al servicio.
Suministros: contenido mínimo reciclado, envases reutilizables o reciclables, criterios de transporte de bajas emisiones.
Servicios profesionales: medidas de conciliación, igualdad retributiva acreditada, planes de formación específicos vinculados al objeto.

Este tipo de cláusulas se documenta y monitoriza en el expediente. Tendios permite redactar y validar pliegos con apoyo de inteligencia artificial, lo que en la práctica reduce errores frecuentes en la formulación de condiciones especiales de ejecución, como su falta de vinculación al objeto o su redacción imposible de verificar.

Penalidades por incumplimiento

El régimen sancionador de las condiciones especiales de ejecución descansa, en lo esencial, en el artículo 192 LCSP, que regula las penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación.

El pliego puede prever expresamente penalidades específicas para el incumplimiento de la condición, dentro de los límites cuantitativos del propio artículo 192. Además, el artículo 202.3 LCSP permite atribuir a las condiciones especiales el carácter de obligaciones esenciales del contrato a los efectos del artículo 211.1.f) LCSP. Esa calificación abre la vía a la resolución del contrato en caso de incumplimiento, con las consecuencias previstas para esta figura. La técnica de redacción habitual incluye, además, la incautación de la garantía definitiva en proporción a la gravedad del incumplimiento, conforme al régimen general de la propia LCSP.

La doctrina de los tribunales administrativos de recursos contractuales exige que el régimen sancionador sea proporcional y que la condición esté redactada de modo que el contratista pueda razonablemente acreditar su cumplimiento. Cláusulas vagas o desproporcionadas pueden ser objeto de impugnación. Un análisis del encaje de estas cláusulas, junto con el resto del régimen de condiciones especiales de ejecución, aporta el marco operativo para redactarlas correctamente.

Para los licitadores, conocer las penalidades habituales por sector ayuda a dimensionar el riesgo antes de comprometerse con una oferta. Tendios analiza las adjudicaciones publicadas y permite identificar cláusulas penalizadoras frecuentes por tipo de contrato y órgano de contratación.

Preguntas frecuentes sobre condiciones especiales de ejecución medioambientales

¿Es obligatorio incluir una condición especial medioambiental en todos los pliegos?

No. El artículo 202.1 LCSP obliga a incluir al menos una condición especial de ejecución, pero el órgano de contratación puede elegir entre las distintas tipologías del artículo 202.2 LCSP: medioambiental, social, ética o de innovación. Solo es preceptiva al menos una de ellas, no necesariamente la ambiental.

¿Un mismo aspecto puede ser criterio de adjudicación y condición de ejecución?

Sí, siempre que no se valore dos veces el mismo elemento. La práctica consolidada combina un mínimo exigible como condición de ejecución con la valoración adicional, por mejora cualitativa o cuantitativa, como criterio de adjudicación.

¿Qué ocurre si el contratista incumple una condición especial de ejecución?

El órgano puede imponer las penalidades previstas en el pliego conforme al artículo 192 LCSP. Si la condición se ha calificado como obligación esencial al amparo del artículo 202.3, el incumplimiento puede dar lugar a la resolución del contrato por la causa prevista en el artículo 211.1.f) LCSP, con las consecuencias económicas y de garantía asociadas.

Conclusiones sobre las condiciones especiales de ejecución medioambientales

Las condiciones especiales de ejecución son una herramienta jurídica con doble valor: aseguran un mínimo de cumplimiento social y ambiental en la ejecución del contrato y permiten al órgano de contratación trasladar políticas públicas al ciclo contractual sin desnaturalizar los criterios de adjudicación.

Su correcta formulación exige vinculación al objeto del contrato, proporcionalidad, verificabilidad y un régimen sancionador coherente. Una cláusula bien diseñada protege al órgano y orienta al contratista; una mal diseñada genera litigiosidad y compromete la propia obligación de incluir, al menos, una condición especial conforme al artículo 202.1 LCSP.

Para los licitadores, conocer la tipología y las consecuencias del incumplimiento permite integrar estas condiciones en el coste real de la oferta y prevenir penalidades durante la ejecución. Para los órganos de contratación, traducir la sostenibilidad y la política social en cláusulas precisas es el paso operativo más cercano a la compra pública estratégica que persigue la propia LCSP.

Condiciones especiales de ejecución medioambientales y sociales: art. 202 LCSP en la práctica