GovAI para órganos de contratación: de la tramitación electrónica a la supervisión de la ejecución
Los órganos de contratación españoles llevan más de una década gestionando expedientes de forma electrónica, pero la incorporación de inteligencia artificial a ese ciclo es un fenómeno reciente y todavía desigual entre administraciones. Según el informe de la OCDE de 2026, solo el 8 % de los 40 países analizados utiliza IA para identificar, analizar y vigilar riesgos de integridad en contratación pública, lo que sitúa a España entre los países que han empezado a ordenar ese despliegue, pero lejos aún de una adopción generalizada.
Este artículo recorre el ciclo completo del contrato desde la perspectiva exclusiva del órgano de contratación: qué aporta la inteligencia artificial en cada fase, desde la preparación del expediente hasta la supervisión de la ejecución, y qué precauciones deben tomarse para que la automatización refuerce, y no debilite, la seguridad jurídica del procedimiento.
Fase de preparación: del expediente a la redacción del pliego
La fase de preparación es donde la aplicación de IA tiene mayor recorrido acumulado, porque implica producir documentación estructurada a partir de información conocida: el objeto del contrato, el presupuesto disponible, los precedentes de contratos similares y las condiciones especiales que la administración quiere incluir. Los sistemas de generación asistida de pliegos permiten a los técnicos de contratación producir un borrador de pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y de prescripciones técnicas (PPT) a partir de estos parámetros, reduciendo el tiempo de redacción sin sustituir la revisión y validación del responsable del expediente. Tendios ofrece esta funcionalidad a los órganos de contratación como parte de sus herramientas para el lado comprador.
Un uso más específico de esta fase es la asistencia en las consultas preliminares de mercado reguladas en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP). Antes de redactar el pliego definitivo, un análisis automatizado del histórico de contratos similares adjudicados por la propia administración o por administraciones comparables permite calibrar con mayor precisión el presupuesto base de licitación y anticipar qué requisitos de solvencia son razonables para el mercado real, evitando pliegos con exigencias desproporcionadas que reducen la concurrencia.
Validación automatizada antes de la publicación
Un segundo caso de uso en esta fase es la validación del pliego antes de su publicación: sistemas que revisan el borrador e identifican incoherencias internas, como criterios de adjudicación que no cumplen el artículo 145 LCSP, condiciones especiales no vinculadas al objeto del contrato o requisitos de solvencia desproporcionados. Esta capa de control automatizado no sustituye la revisión jurídica, pero detecta en segundos errores que de otro modo solo se identifican tras una lectura sistemática y pausada del pliego, algo que muchos equipos de contratación local con recursos limitados no siempre pueden permitirse.
Fase de tramitación electrónica: gestión del expediente y comunicación con licitadores
Una vez publicado el anuncio de licitación, la fase de tramitación implica gestionar la recepción de ofertas, responder a solicitudes de aclaración y coordinar el trabajo de la mesa de contratación. La inteligencia artificial puede asistir en la clasificación y priorización de las aclaraciones al pliego recibidas, agrupando preguntas similares y sugiriendo respuestas coherentes con el contenido del propio pliego, aunque la respuesta final debe ser siempre validada y firmada por el órgano competente.
Durante la apertura y evaluación de ofertas, los sistemas de análisis documental pueden asistir en la verificación de que la documentación administrativa presentada por cada licitador está completa, señalando defectos formales que podrían ser subsanables conforme al procedimiento. Este apoyo reduce el tiempo dedicado a tareas de comprobación mecánica y permite a la mesa de contratación concentrar su atención en la valoración sustantiva de las ofertas, que sigue exigiendo criterio humano.
El límite en la evaluación de criterios sujetos a juicio de valor
Es importante señalar un límite conceptual relevante en esta fase: la evaluación de criterios sujetos a juicio de valor, como la calidad de una propuesta metodológica o la experiencia del equipo técnico, no puede automatizarse de forma completa sin comprometer la validez jurídica de la adjudicación. La IA puede asistir organizando la información de cada oferta para facilitar su comparación, pero la puntuación final debe reflejar una valoración humana motivada y documentada, conforme a los principios de transparencia que rigen la contratación pública.
Fase de adjudicación: consultas normativas y verificación de requisitos
Durante la fase de adjudicación, los técnicos de contratación se enfrentan a decisiones que requieren interpretación normativa precisa: qué documentación exigir en el requerimiento previo del artículo 150.2 LCSP, cómo tratar una baja que podría ser temeraria, o qué plazo aplica según el tipo de recurso que puede interponerse contra la adjudicación. Un asistente de consultas normativas entrenado específicamente sobre la LCSP, la jurisprudencia de los tribunales de recursos contractuales y la doctrina de la Junta Consultiva puede resolver estas dudas con referencias trazables, reduciendo la dependencia de los servicios jurídicos para consultas de complejidad media. Tendios ofrece esta funcionalidad a través de su asistente LCSP, diseñado para dar respuestas con referencias normativas verificables.
La advertencia relevante en este punto es diferenciar una herramienta de IA especializada de una herramienta generalista: en contratación pública no basta con una respuesta rápida, sino que hace falta contexto normativo específico, trazabilidad de la fuente y capacidad de explicar de dónde procede cada conclusión. Un asistente que no cita el artículo, la sentencia o la resolución consultiva en que se basa su respuesta no ofrece la seguridad jurídica que un órgano de contratación necesita para tomar decisiones con consecuencias sobre terceros.
Verificación de requisitos previos a la formalización
Antes de proceder a la formalización del contrato, el órgano de contratación debe verificar que el licitador propuesto acredita efectivamente la solvencia y los medios comprometidos, que constituye la garantía definitiva en plazo y que no incurre en prohibiciones de contratar sobrevenidas. Los sistemas de análisis documental con IA pueden asistir en la comprobación de la vigencia de los certificados aportados y en la detección de incoherencias entre lo declarado en el DEUC y la documentación efectivamente presentada, agilizando este trámite crítico previo a la firma del contrato.
Fase de ejecución: el área con menor cobertura tecnológica actual
La fase de ejecución del contrato es, según los informes de supervisión de la OIReScon, la que presenta menor transparencia y control dentro del sistema público de contratación. En su comparecencia ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, la presidenta de la OIReScon defendió expresamente el refuerzo de herramientas de inteligencia artificial y análisis predictivo para detectar patrones de riesgo y posibles anomalías durante la ejecución contractual. Solo en el ámbito de la obra pública, los modificados contractuales y las subcontratas movieron más de 21.217 millones de euros en 2025, un volumen que hace inviable la supervisión manual exhaustiva de cada expediente.
Los sistemas de análisis predictivo aplicados a la ejecución pueden identificar patrones asociados a riesgos conocidos: contratos con modificaciones reiteradas que en conjunto superan los límites del artículo 205 LCSP, plazos de ejecución que se prorrogan sistemáticamente sin justificación documentada, o subcontratación que supera los porcentajes autorizados en el pliego sin la comunicación exigida. Este tipo de vigilancia automatizada permite a los órganos de control priorizar sus recursos de fiscalización hacia los expedientes que presentan mayor riesgo, en lugar de distribuir uniformemente una capacidad de supervisión limitada.
Detección de patrones de riesgo en la ejecución
La detección de anomalías durante la ejecución del contrato conecta directamente con el marco de integridad y antifraude que las administraciones deben aplicar a los contratos financiados con fondos europeos, y con la vigilancia general de la contratación pública frente a prácticas colusorias o fraudulentas. La guía sobre integridad y antifraude en contratación pública desarrolla el marco normativo aplicable a estos controles y las obligaciones concretas que recaen sobre los órganos gestores de fondos PRTR.
El marco de responsabilidad: la IA asiste, la administración decide
En todas las fases descritas, un principio transversal debe guiar la implantación de sistemas de IA en los órganos de contratación: la inteligencia artificial asiste a la decisión administrativa, no la sustituye. La doctrina derivada de la STS 1119/2025 sobre el caso BOSCO establece que los algoritmos utilizados por la administración deben ser auditables, y el Reglamento (UE) 2024/1689, AI Act, clasifica como sistemas de alto riesgo aquellos que asisten decisiones administrativas con efectos sobre terceros.
Para los órganos de contratación, esto se traduce en la obligación de mantener supervisión humana efectiva en cada punto de decisión relevante: la aprobación final del pliego, la puntuación de criterios de juicio de valor, la resolución de adjudicación y la decisión de iniciar un expediente de modificación o resolución contractual. La IA puede recopilar información, señalar incoherencias y sugerir análisis, pero la responsabilidad jurídica y la motivación final de cada acto administrativo siguen recayendo en el órgano competente, tal y como exige el marco de transparencia algorítmica establecido por la doctrina BOSCO.
Preguntas frecuentes sobre GovAI para órganos de contratación
¿En qué fase del ciclo contractual la IA aporta más valor a un órgano de contratación?
Las fases de preparación y tramitación son actualmente las de mayor madurez tecnológica, porque implican tareas de generación y validación documental sobre información estructurada. La fase de ejecución, sin embargo, es la que presenta mayor potencial de mejora, ya que según los informes de la OIReScon es la que concentra menor transparencia y control, y donde los sistemas de análisis predictivo pueden aportar mayor valor detectando riesgos que actualmente pasan desapercibidos por falta de capacidad de supervisión manual.
¿Puede un órgano de contratación automatizar completamente la evaluación de ofertas?
No. La evaluación de criterios sujetos a juicio de valor requiere una valoración humana motivada y documentada. La IA puede asistir organizando y comparando la información de las ofertas para facilitar el trabajo de la mesa de contratación, pero la puntuación final y su justificación deben reflejar un criterio experto humano, conforme a los principios de transparencia y motivación que exige la LCSP.
¿Qué precauciones debe tomar un órgano de contratación al implantar un sistema de detección de anomalías en la ejecución de contratos?
El sistema debe estar diseñado para señalar patrones de riesgo que requieren revisión humana, no para tomar decisiones automáticas sobre incumplimientos o penalidades. Debe además ser auditable, conforme a la doctrina de transparencia algorítmica derivada de la STS 1119/2025, y su funcionamiento debe documentarse suficientemente para que el órgano pueda justificar las actuaciones de supervisión que adopte a partir de sus alertas.
¿Están las administraciones locales adoptando GovAI al mismo ritmo que la Administración General del Estado?
No necesariamente. La adopción de sistemas de IA en contratación pública requiere infraestructura de datos y capacidad técnica que no está distribuida de forma homogénea entre administraciones. Las administraciones con equipos de contratación más reducidos, especialmente en el ámbito local, tienden a beneficiarse especialmente de las herramientas de validación de pliegos y asistencia normativa, precisamente porque sus recursos internos de revisión manual son más limitados.
Conclusiones sobre GovAI para órganos de contratación
El recorrido de la inteligencia artificial en el ciclo de vida del contrato público muestra una madurez desigual: las fases de preparación y tramitación cuentan ya con soluciones consolidadas de generación y validación documental, mientras que la fase de ejecución, señalada de forma reiterada por la OIReScon como la de menor transparencia y control, es donde queda mayor margen de desarrollo. La detección de patrones de riesgo mediante análisis predictivo es, en este sentido, una de las direcciones más prometedoras y menos explotadas todavía por la mayoría de administraciones españolas.
El principio que debe guiar esta adopción en todas las fases es claro: la IA asiste a la toma de decisiones administrativas, pero no sustituye la responsabilidad, la motivación y el criterio humano que exige la contratación pública. Los órganos de contratación que incorporan estas herramientas manteniendo ese equilibrio son los que consiguen ganancias reales de eficiencia sin comprometer la seguridad jurídica del procedimiento.
