¿Qué límites tienen los criterios sociales y medioambientales?
Vale, vamos a ponerle un poco de chispa a esto porque, sinceramente, el texto original parece escrito por un robot con insomnio. Ahí te va, versión humano real:
Cuando hablamos de contratos públicos, meter criterios sociales y medioambientales en el ajo no es solo una moda eco-friendly. Es una historia para empujar a las empresas a ser menos tóxicas y más decentes con la gente y el planeta. Pero claro, tampoco es cuestión de ponérselo imposible a nadie. Hay ciertos límites, y no son precisamente flexibles.
Primero, ojo con pasarse de rosca: la cosa tiene que ser proporcional. Si pides que las empresas planten un bosque amazónico solo para venderte bolígrafos, pues te has colado. Los criterios sociales o verdes tienen que tener sentido con lo que compras. No vale exigir milagros solo porque sí, que si no, las pymes ni se acercan al concurso.
Otra: los criterios tienen que poder comprobarse y no pueden discriminar. Aquí no hay sitio para favoritismos, enchufes ni historias raras. Todo el mundo debería tener las mismas oportunidades, y lo que pidas debe ser algo que cualquiera pueda demostrar de manera clara. Nada de pedirle a uno una maratón y al otro una vuelta a la manzana.
Y, cómo no, la ley manda. Puedes querer salvar el mundo, pero si te saltas la normativa, te comes un marrón. Los criterios tienen que encajar con las leyes nacionales y europeas, tanto de competencia como de medio ambiente. O sea, nada de inventarte reglas por tu cuenta.
En lo verde, hay que mirar bien lo que dice la UE y las normas internacionales. Si pides productos ecológicos o servicios que no dejen huella, genial, pero siempre siguiendo las reglas del juego. No puedes exigirle a una empresa pequeña lo que solo hace una multinacional.
Y con los criterios sociales, más de lo mismo: puedes pedir igualdad, inclusión, buen rollo laboral… pero sin pasarte ni dejar a nadie fuera solo porque sí. Todo comprobable y justo, por favor.
Eso sí, no te voy a engañar: meter más criterios puede liar el proceso y hacer que la licitación sea un dolor de cabeza. Así que mejor definir las cosas clarito y echar un cable a las empresas para que no se pierdan en la burocracia.
En resumen: los criterios sociales y ambientales molan y ayudan a que el dinero público sirva para algo más que comprar cosas. Pero no todo vale. Hay que usarlos con cabeza, dentro de la ley y sin complicarle la vida a todo el mundo. Que bastante tenemos ya, ¿no?