¿Qué es el contrato menor?
Vale, vamos a darle una vuelta más natural (y menos de manual) al texto:
El contrato menor, ese viejo conocido de la administración pública en España, es básicamente la forma exprés que tienen los ayuntamientos, las comunidades autónomas o el Estado para pillar obras, servicios o suministros que no cuestan un dineral. Nada de rollos de papeleo infinito ni licitaciones eternas: aquí, si no pasas de los 40.000 euros en obras (o 15.000 en servicios y suministros, ojo, sin contar el IVA), lo pueden adjudicar casi en un abrir y cerrar de ojos.
Todo esto está regulado por la Ley de Contratos del Sector Público, la famosa LCSP, que pone las normas del juego para que no se les vaya la olla con los contratos. Y sí, justo por ser tan rápido y directo, el contrato menor ha dado que hablar. Hay quien dice que es la puerta trasera para trocear contratos y saltarse el control de la licitación pública. Por eso, la ley mete mano y deja claro que no puedes andar partiendo contratos a lo loco solo para meterlos como menores. Vamos, que no cuela.
Eso sí, no todo es jauja. Si eres una empresa y te mola la idea de pillar uno de estos contratos, hay que cumplir requisitos. Para empezar, tienes que estar apuntado en el ROLECE (el dichoso Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado) o el registro de tu comunidad autónoma. Además, tienes que demostrar que realmente puedes hacer el curro y tienes solvencia, que aquí nadie regala nada.
Y aunque parezca que esto es una carrera de velocidad, no se olvidan de los principios de publicidad, igualdad, transparencia, y toda esa parafernalia para que nadie se lleve el contrato por la cara. La administración tiene que asegurarse de que todas las empresas que cumplan pueden presentarse y que el proceso es limpio.
En fin, el contrato menor es como el comodín para empresas que quieren entrar en la contratación pública sin morir en el intento. Es rápido, sí, pero hay que saberse las normas y cumplirlas. Y, por mucho que sea directo, sigue estando vigilado para que la competencia sea justa y no se líen chanchullos. O al menos, eso dice la ley.