¿Qué es el contrato de colaboración público-privada?

Vale, vamos a quitarle el traje y la corbata a este texto:

El famoso contrato de colaboración público-privada –o PPP para los amigos– es básicamente una fórmula para que el sector público y las empresas privadas se den la mano y saquen adelante proyectos que, en teoría, nos benefician a todos. Lo típico: construcciones de infraestructuras, servicios públicos, cosas innovadoras, tecnología… vamos, los clásicos.

¿En qué se diferencia este rollo de los contratos normales? Pues aquí los riesgos y los marrones (y también las ganancias, claro) se reparten entre ambos. El privado pone la pasta y el conocimiento técnico, mientras que la administración se encarga de que todo sea legal, bonito y seguro para invertir. Eso sí, en España toda esta movida está atada y bien atada con la Ley 9/2017, que básicamente mete en nuestro sistema las directrices europeas sobre contratos públicos. Ya sabes, mucha normativa, mucho papel.

Para las empresas privadas, meterse en un PPP puede ser un chollazo… o un berenjenal. Puedes pillar proyectos gordos, sí, pero ojo con los riesgos: desde cambios en las leyes a que la administración tarde en pagar (ya ves tú, qué novedad), o que surjan broncas a mitad del proyecto.

La pasta, aquí, es lo que manda. Antes de lanzarse a la piscina, la empresa debería mirar con lupa si el asunto es rentable o si va a acabar en números rojos. Muy importante negociar bien los términos con la administración: quién paga, cuándo, cuánto, y a quién le toca comerse los marrones si algo sale mal.

¿Funciona esto? Pues sí, no nos vamos a engañar. Los PPP han servido para mejorar servicios públicos, meterle turbo a la innovación y atraer inversión privada a sectores en los que antes solo estaban los de siempre. Pero, claro, son contratos complicados, con mucha letra pequeña. Si no tienes ni idea de la legislación o te falta experiencia gestionando proyectos grandes, puedes acabar bailando con la más fea.

Si una empresa quiere pillar uno de estos contratos, tiene que ir bien asesorada, tener experiencia, y no achantarse en las negociaciones. Y, sobre todo, hablar claro con la administración durante todo el proceso, porque si no, vienen los líos.

En fin, los contratos de colaboración público-privada son una forma de juntar lo mejor (y lo peor) de ambos mundos para sacar adelante proyectos públicos. No son fáciles, pero para quien sepa moverse y tenga ganas de jugársela, pueden ser una auténtica mina de oro… o un dolor de cabeza, depende de cómo lo mires.