Criterios de adjudicación: Guía completa LCSP

Los criterios de adjudicación en contratos públicos han transformado radicalmente la forma en que las administraciones seleccionan a sus proveedores. Lejos de ser un trámite burocrático más, son la herramienta que define el éxito de una compra pública.

Desde la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), ganar una licitación ya no depende exclusivamente de ofertar el precio más bajo. El paradigma ha cambiado hacia la mejor relación calidad-precio, obligando tanto a los órganos de contratación como a las empresas licitadoras a dominar conceptos como los costes del ciclo de vida, los criterios sociales o la calidad técnica.

Marco normativo de los criterios de adjudicación

La regulación actual de los criterios de adjudicación LCSP tiene su origen en las Directivas europeas 2014/24/UE y 2014/25/UE. Estas normas, transpuestas a España mediante la Ley 9/2017, establecen que la adjudicación debe basarse en la oferta económicamente más ventajosa.

Este cambio normativo supuso una evolución clave respecto al texto anterior (TRLCSP 2011), priorizando la calidad y la sostenibilidad frente al ahorro puramente económico.

¿Qué son los criterios de adjudicación?

Los criterios de adjudicación son los parámetros objetivos y subjetivos definidos en los pliegos que permiten valorar las ofertas para identificar la que presenta la mejor relación coste-eficacia.

Según el artículo 145.1 de la LCSP, la adjudicación "se realizará ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio". Esto implica evaluar no solo cuánto cuesta el servicio, sino cómo se va a ejecutar.

Nota importante: 

No se deben confundir los criterios de adjudicación (miden la calidad de la oferta) con los criterios de solvencia (miden la capacidad de la empresa para contratar). Si una empresa no tiene solvencia, no puede ser evaluada.

Tipos de criterios: más allá del precio

La normativa clasifica los criterios en dos grandes bloques para garantizar una evaluación integral:

1. Criterios económicos

Aunque el precio es el rey, la LCSP introduce conceptos avanzados de rentabilidad:

• Precio: El importe económico directo de la oferta.
• Coste del ciclo de vida (Art. 148 LCSP): Considera todos los costes a lo largo de la vida del producto, desde su adquisición hasta su reciclaje o desecho, incluyendo costes de mantenimiento y consumo de energía.

2. Criterios cualitativos

Permiten valorar la excelencia técnica. Según el artículo 145.2 de la LCSP, pueden incluir:

• Calidad técnica: Valor técnico, características estéticas, accesibilidad y diseño universal.
• Aspectos sociales (Art. 146): Inserción laboral de personas con discapacidad, planes de igualdad de género, estabilidad en el empleo o fomento del comercio justo.
• Aspectos medioambientales: Reducción de emisiones, eficiencia energética o uso de renovables.
• Innovación: Soluciones que aporten un valor añadido técnico o funcional novedoso.

Limitaciones en la ponderación

La ley establece restricciones para asegurar la objetividad. Por ejemplo, en el procedimiento abierto simplificado,  los criterios evaluables mediante juicio de valor no pueden superar el 25% del total (Art. 159.1.b LCSP) , mientras que en su modalidad 'sumaria' o 'súper simplificada' (Art. 159.6), no cabe ningún criterio subjetivo: el 100% debe ser mediante fórmulas.

Ejemplo práctico: Desglose de criterios en una licitación real

Para entender mejor cómo puntuar ofertas en contratos públicos, veamos un ejemplo de un contrato de servicios de mantenimiento informático con un presupuesto de 250.000€:

Criterios económicos (60%):

• Precio ofertado: 50 puntos (Fórmula matemática).
• Coste de mantenimiento años 2-5: 10 puntos (Cálculo objetivo).

Aunque el precio es clave, recuerda que en contratos de prestaciones de carácter intelectual (como arquitectura o ingeniería), los criterios relacionados con la calidad deben representar al menos el 51% de la puntuación total (Art. 145.4 LCSP).

Criterios cualitativos (40%):

• Tiempo de respuesta ante incidencias críticas: 15 puntos (Mejora técnica).
• Experiencia del equipo técnico adscrito: 10 puntos (Calidad del equipo).
• Plan de formación continua: 8 puntos (Juicio de valor sobre la memoria).
• Criterios sociales (inserción laboral): 7 puntos (Compromiso objetivo).

Este equilibrio demuestra que, aunque el precio es importante, una mala propuesta técnica o social puede hacer perder el contrato.

Métodos de evaluación: Fórmulas vs. Juicios de valor

Para garantizar la transparencia exigida por el Portal de Contratación del Sector Público, los criterios se dividen según su método de puntuación:

Criterios evaluables mediante fórmulas (Objetivos)

Su puntuación es automática al aplicar una regla matemática. Son indiscutibles.

• Ejemplos: Precio, plazo de ejecución, ampliación de garantía.

Criterios dependientes de un juicio de valor (Subjetivos)

Requieren la valoración de un técnico o comité de expertos.

• Ejemplos: Calidad de la memoria técnica, metodología de trabajo, organización del servicio.

Para órganos de contratación:

Definir correctamente esta distinción es vital para evitar recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).

Consejo: Si tienes dudas sobre cómo ponderar legalmente los criterios subjetivos frente a los objetivos según la LCSP, puedes realizar consultas al Asistente LCSP de Tendios. Esta herramienta de IA resuelve tus dudas normativas en segundos, citando los artículos precisos del BOE para blindar tus pliegos.

El reto para las empresas licitadoras

Analizar los criterios de adjudicación de cientos de licitaciones manualmente es ineficiente. A menudo, estos detalles están "enterrados" en pliegos de 50 páginas con lenguaje jurídico complejo. Entender si la licitación prioriza precio o calidad es crítico para decidir el Go/No-Go.

Para empresas licitadoras:

El tiempo es dinero. En lugar de leer manualmente cada PCAP, utiliza el Chatbot de IA de Tendios:

1. Sube el pliego a la plataforma.
2. Pregunta: "¿Cuáles son los criterios de adjudicación y su ponderación exacta?"
3. Obtén un resumen estructurado en segundos para decidir tu estrategia ganadora.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Qué porcentaje mínimo debe tener el precio en los criterios de adjudicación?

La LCSP no establece un porcentaje mínimo fijo para el precio, salvo en procedimientos específicos donde el precio sea el único criterio. Sin embargo, la norma general es buscar la "mejor relación calidad-precio", por lo que se recomienda un equilibrio que no convierta la licitación en una subasta pura, salvo en suministros muy estandarizados.

¿Se pueden cambiar los criterios una vez publicada la licitación?

No. Según el principio de transparencia e igualdad de trato, los criterios definidos en los pliegos y publicados en el anuncio de licitación son inalterables durante el proceso. Cualquier cambio sustancial obligaría a cancelar y volver a licitar.

¿Qué pasa si un criterio no está vinculado al objeto del contrato?

El artículo 145.5 de la LCSP exige que todos los criterios estén vinculados al objeto del contrato. Si un criterio evalúa aspectos ajenos a la prestación (ej. política general de la empresa no relacionada con el contrato), puede ser impugnado y anulado por los tribunales administrativos.

¿Cuándo se deben usar criterios automáticos vs. juicios de valor?

En los procedimientos abiertos o restringidos de las Administraciones Públicas, si los criterios subjetivos (juicios de valor) tienen más peso que los objetivos, se requiere que la valoración la realice un comité de expertos independiente o un organismo técnico especializado (Art. 146.2.a LCSP).

¿Pueden los criterios sociales ser obligatorios?

Sí. El artículo 1.3 de la LCSP establece la obligación transversal de incluir criterios sociales y medioambientales en la contratación pública, siempre que estén vinculados al objeto del contrato.

Conclusión

Dominar los criterios de adjudicación en contratos públicos es esencial para navegar con éxito el ecosistema B2G. Ya no basta con ser el más barato; hay que ser el mejor, el más sostenible y el más eficiente.

La tecnología actual permite automatizar el análisis y la definición de estos criterios, minimizando el riesgo de error humano. Para consultas doctrinales complejas, siempre es recomendable acudir a los informes de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

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