El 4 de marzo de 2026, la Comisión Europea presentó la propuesta de Reglamento COM(2026) 100 final, conocida como Industrial Accelerator Act (IAA). Esta iniciativa, enmarcada en el Clean Industrial Deal europeo, introduce los cambios más significativos sobre la contratación pública en los sectores industriales estratégicos desde la aprobación de las Directivas de 2014. Entre sus medidas más relevantes figuran requisitos obligatorios de origen europeo y de bajo contenido en carbono en los procedimientos de licitación, y la exclusión de determinados operadores de terceros países de los contratos públicos en sectores cubiertos.

El IAA es todavía una propuesta legislativa en tramitación, no una norma en vigor. El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE deben negociarla y aprobarla, por lo que su texto puede variar sustancialmente antes de su publicación definitiva en el Diario Oficial. Su horizonte temporal y la magnitud de los cambios que plantea justifican que las empresas licitadoras y los órganos de contratación españoles comiencen a entender su alcance con antelación.

Qué es el Industrial Accelerator Act y cuál es su objetivo

La propuesta de Reglamento COM(2026) 100 final responde a un diagnóstico concreto: la industria manufacturera europea ha caído del 17,4% al 14,3% del PIB entre 2000 y 2024, con más de la mitad de los proyectos de descarbonización anunciados desde 2023 sin ejecutar. Ante este escenario, la Comisión apuesta por utilizar el poder de compra pública, que representa aproximadamente el 15% del PIB de la UE, como palanca para estimular la demanda de productos industriales europeos y bajos en carbono.

El objetivo industrial que fija el IAA es elevar la manufactura a al menos el 20% del PIB de la UE en 2035. Para alcanzarlo, la propuesta articula cuatro pilares: la creación de mercados líderes para productos bajos en carbono mediante requisitos en contratación pública y esquemas de apoyo; la simplificación de permisos industriales; la creación de zonas de aceleración manufacturera; y el establecimiento de condiciones para inversiones extranjeras directas en sectores estratégicos emergentes superiores a 100 millones de euros.

El IAA se inscribe en una secuencia legislativa más amplia que incluye el Net-Zero Industry Act (NZIA), aprobado en 2024, y la revisión de las Directivas de Contratación Pública, cuya consulta pública finalizó en 2025 y cuya propuesta se espera para 2026. Mientras el IAA establece qué significa el criterio "Made in EU" en contratación, la revisión de las Directivas definirá el marco procedimental para aplicarlo.

Sectores cubiertos y estructura de la norma

La propuesta cubre tres grupos de sectores estratégicos. El primero son las industrias intensivas en energía, definidas por códigos NACE del sector C (manufactura), incluyendo acero, cemento, aluminio, química y papel. El segundo son las tecnologías net-zero: fabricación de baterías, electrolizadores de hidrógeno, bombas de calor, tecnologías eólica y solar, y fisión nuclear. El tercero es la industria de automoción, con requisitos específicos para vehículos eléctricos de batería, híbridos enchufables y vehículos de pila de combustible.

Estos sectores representan conjuntamente aproximadamente el 15% de la producción manufacturera de la UE, pero su peso estratégico en la economía y en las emisiones industriales es desproporcionadamente elevado. Para las empresas licitadoras españolas que operan en la cadena de valor de la construcción, la industria de materiales o el sector de energías limpias, las implicaciones sobre los pliegos técnicos serán directas y concretas.

Cómo cambia la contratación pública el Industrial Accelerator Act

La medida más relevante del IAA para la contratación pública es la introducción de requisitos mínimos obligatorios de bajo contenido en carbono y de origen UE en los procedimientos de licitación de determinados productos. Estas exigencias no son opcionales ni pueden evaluarse como criterios de adjudicación discrecionales: el IAA los configura como condiciones de admisibilidad, de forma que las ofertas que no las cumplan quedarán excluidas del procedimiento.

Los umbrales concretos que plantea la propuesta, aplicables a procedimientos licitados a partir del 1 de enero de 2029, son los siguientes: para productos de acero y aluminio utilizados en construcción civil, infraestructura y vehículos de motor, al menos el 25% del volumen total debe ser bajo en carbono; para productos de hormigón y mortero en construcción civil e infraestructura, al menos el 5% del volumen total debe ser bajo en carbono y de origen UE. La Comisión queda habilitada para modificar o ampliar estos umbrales y sectores mediante actos delegados.

Estos requisitos se aplicarán a los procedimientos licitados en el ámbito de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública general, la Directiva 2014/25/UE sobre sectores especiales y la Directiva 2014/23/UE sobre concesiones. También afectarán a los esquemas de apoyo público, en los que los Estados miembro deberán aplicar los criterios a los programas que representen al menos el 45% del presupuesto nacional destinado a las industrias intensivas en energía cubiertas.

Exclusión de operadores de terceros países

El IAA introduce además una regla de exclusión relevante para la competencia en licitaciones: los órganos de contratación deberán excluir de los procedimientos cubiertos a los operadores económicos que sean propiedad o estén controlados por entidades establecidas en terceros países que no hayan concluido con la UE un acuerdo de libre comercio, una unión aduanera, o no sean partes del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC con compromisos de acceso equivalentes.

Esta exclusión tiene una dimensión geopolítica clara: apunta a reducir la presencia de fabricantes de terceros países que concentran más del 40% de la capacidad manufacturera mundial en alguno de los sectores cubiertos. Para las empresas con socios o proveedores en cadenas de valor que incluyan participaciones de esos países, la acreditación del origen de sus productos y la estructura de su capital cobrarán una relevancia contractual nueva.

Implicaciones prácticas para empresas y órganos de contratación en España

Para los órganos de contratación españoles, el IAA exigirá adaptar los pliegos de prescripciones técnicas de los contratos cubiertos para incorporar los requisitos de contenido en carbono y origen UE como condiciones de admisibilidad. Esto afectará de forma especial a las licitaciones de obra pública e infraestructura que incluyan acero o materiales de construcción, y a los contratos de adquisición de tecnologías del sector de la energía. La adaptación no es inmediata, ya que los plazos de aplicación comienzan en 2029, pero el diseño de los pliegos deberá anticipar estos cambios.

Para las empresas licitadoras, el impacto variará según su posición en la cadena de valor. Las que producen o suministran acero, aluminio, hormigón o tecnologías net-zero con bajo contenido en carbono pueden encontrar en el IAA una ventaja competitiva real, al quedar sus productos alineados con los nuevos criterios de admisibilidad. Las empresas constructoras o proveedoras que utilicen materiales de importación deberán revisar su cadena de suministro y acreditar el cumplimiento de los umbrales exigidos para cada procedimiento cubierto.

En este contexto, Tendios facilita el seguimiento de las licitaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en las plataformas autonómicas, incluyendo los contratos en los sectores industriales que comenzarán a incorporar los requisitos del IAA. El análisis de adjudicaciones históricas en sectores estratégicos permite a las empresas afectadas anticipar cómo evolucionan los criterios técnicos antes de que la norma entre plenamente en vigor.

Estado legislativo y plazos previstos

A junio de 2026, el IAA se encuentra en fase de tramitación legislativa ordinaria en el Parlamento Europeo, asignado conjuntamente a los comités ITRE, IMCO e INTA, pendiente de la designación de ponentes y la elaboración del informe conjunto. El proceso legislativo puede extenderse durante 2026 y 2027, con posibilidad de modificaciones sustanciales al texto original de la Comisión.

Una vez aprobado definitivamente y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, el IAA entrará en vigor como Reglamento de aplicación directa en todos los Estados miembro, incluida España, sin necesidad de transposición al ordenamiento nacional. Los requisitos de contratación pública comenzarían a aplicarse a los procedimientos licitados a partir del 1 de enero de 2029, según la propuesta actual; esta fecha puede modificarse durante la negociación. Para seguir el estado de tramitación, la referencia oficial es la ficha del expediente en el Parlamento Europeo y la página de la Comisión Europea sobre el IAA.

Preguntas frecuentes sobre el Industrial Accelerator Act y la contratación pública

¿El Industrial Accelerator Act ya está en vigor?

No. A junio de 2026, el IAA es una propuesta de Reglamento (COM(2026) 100 final) que está en fase de negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. Su texto puede modificarse durante el proceso legislativo, y solo entrará en vigor una vez publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.

¿Desde cuándo serán obligatorios los requisitos del IAA en contratación pública?

Según la propuesta actual, los requisitos de contratación pública se aplicarán a los procedimientos licitados a partir del 1 de enero de 2029. Esta fecha puede modificarse durante la negociación legislativa.

¿Afecta el IAA a todos los contratos públicos en España?

No. El IAA cubre únicamente los contratos que incluyan productos de los sectores estratégicos definidos: acero, aluminio, cemento, hormigón, vehículos eléctricos y tecnologías net-zero. Los contratos de servicios generales, obras sin materiales cubiertos, suministros de otra categoría u otras tipologías quedan fuera del ámbito de la norma.

¿Qué ocurre si un órgano de contratación no puede cumplir los requisitos de origen o bajo carbono?

La propuesta prevé cláusulas de derogación excepcional cuando la aplicación de los requisitos cause falta de competencia, retrasos significativos, incompatibilidades técnicas o costes desproporcionados. El mecanismo exacto de estos supuestos de excepción dependerá del texto final aprobado.

Conclusiones sobre el Industrial Accelerator Act y la contratación pública europea

El Industrial Accelerator Act supone la integración más explícita hasta la fecha de objetivos de política industrial y climática en el marco de la contratación pública europea. Al configurar los criterios de bajo contenido en carbono y origen UE como condiciones de admisibilidad y no como simples factores de valoración, la propuesta altera la lógica tradicional de los procedimientos de licitación en los sectores cubiertos.

Para las empresas licitadoras españolas, la clave estratégica es anticipar cómo esta regulación afectará a sus productos, su cadena de suministro y su posición competitiva respecto a otros operadores europeos. Para los órganos de contratación, la implicación más directa es la necesidad de actualizar los pliegos tipo de los contratos afectados antes de que los requisitos sean exigibles en 2029.

El margen de preparación existe, pero la complejidad normativa y la incertidumbre sobre el texto definitivo hacen aconsejable seguir de cerca el proceso legislativo y evaluar con antelación qué ajustes serán necesarios en los procesos internos de licitación y selección de proveedores.